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Expositoras: Lilany Pacheco y Glória Maron

En Brasil, experiencias innovadoras en el campo de la salud mental fueron implementadas bajo la égida del movimiento de la reforma psiquiátrica brasilera y en consonancia con la orientación y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde 2001 la Política de Salud Mental que estuvo en vigencia en Brasil, hasta diciembre de 2017, era regulada por la Ley 10.216. En la Política Nacional de Salud Mental se insertan las directrices y principios para la atención psicosocial a los consumidores de alcohol y otras drogas, pautada en el cuidado integral e intersectorial. Según estas directrices, la Atención Integral a los Consumidores de Alcohol y Otras Drogas posee como estrategia principal que orienta el cuidado, el paradigma ético, clínico y político de la Reducción de Daños. La orientación del cuidado regido por la ética de la reducción de daños está en consonancia con las recomendaciones internacionales para la prevención y reducción de los riesgos sociales y agravios a la salud[1].

Según Tinoco, “desde la década de los 80, con el advenimiento de la epidemia del SIDA, las estrategias de reducción de daños se constituyen como una política pragmática y efectiva adoptada por diversos países. Varios estudios nacionales e internacionales vienen demostrando la eficacia de las estrategias de reducción de daños en el enfrentamiento de las vulnerabilidades clínicas y sociales ligadas al uso de drogas”[2].

A partir del 14 de diciembre de 2017, un conjunto de ordenanzas y actos del Ministerio de Salud, propone modificaciones en la Política de Salud Mental apoyada en la Ley 10.216, incidiendo consecuentemente en la política de alcohol y drogas. La resolución número 01 del CONAD publicada el 19 de diciembre de 2017 se ampara en las modificaciones de la Política Nacional de Salud Mental pactada en la Comisión Intergerencial Tripartita –CIT, del 14 de diciembre de 2017. Estos cambios relevan propuestas que privilegian la expansión y contratación de camas psiquiátricas y de comunidades terapéuticas, siendo que éstas hasta diciembre de 2017 no estaban sometidas a ninguna regulación del Ministerio de Salud, ni recibían presupuesto de ese órgano gubernamental. Se destaca también, que las comunidades terapéuticas por ser casi siempre de base religiosa, hacen prevalecer el aislamiento social y las reglas como fundamento del tratamiento para aquellos que son considerados como dependientes del alcohol y de las drogas. Éste modo de abordar la cuestión del uso de drogas lícitas e ilícitas se distancia del abordaje clínico que incluye en la diversidad de los casos, la función particular que la droga tiene para cada sujeto, así como también las soluciones singulares que cada uno tendrá que encontrar en la reducción o interrupción de su uso.

Tinoco destaca que “el Decreto del CONAD posee el carácter prohibicionista, en la medida en que se opone a las iniciativas de legalización de las drogas. Tal hecho puede recrudecer la tendencia prejuiciosa y marginalizante de nuestra sociedad, que aún criminaliza a los consumidores de drogas ilegales[3].

Más allá del carácter prohibicionista, éste Decreto incluye la “promoción de la abstinencia, a pesar de citar las estrategias de reducción de daños y riesgos sociales, y de la salud, nos da a entender que hay un desconocimiento en cuanto a la concepción de reducción de daños, que puede incluir la abstinencia, en caso de que ese sea el deseo del usuario. Sin embargo, muchos consumidores no consiguen o no desean la abstinencia, para estos las estrategias psicosociales y de reducción de daños son de suma importancia para el cuidado”[4].

Podemos verificar en el campo de la salud mental y de atención al alcohol y drogas, que la experiencia de los equipos del CAPS-AD y Consultorios en la Calle testimonian que es posible tratar sin segregar. Actualmente, en Rio de Janeiro, 8000 usuarios con problemas relacionados a las drogas recurren a los CAPS-AD, a las UAA, a los abrigos, o son atendidos en la Atención Primaria en los Consultorios en la Calle[5].

Otro punto para destacar es que, el Decreto de CONAD, al detenerse en resultados de “impacto” que sean satisfactoriamente mensurables en el cumplimiento de los objetivos de protección para el fomento e incentivo a los programas de prevención, parte de una premisa basada en evidencias científicas que privilegian los abordajes metodológicos cuantitativos, que no son los más adecuados para evaluar la calidad de los dispositivos de atención psicosocial ofertados a la población consumidora de alcohol y otras drogas[6].

Se encuentra en movimiento entre los profesionales del campo de la salud mental, una fuerte reacción a esas recientes modificaciones, buscando movilizar y advertir a los diferentes segmentos y órganos de la sociedad civil sobre los riesgos implícitos en esos cambios. Un primer efecto es que el 31 de enero de 2018, fue aprobada por unanimidad en la Plenaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la recomendación número XX, de derogación de la Resolución 32 y de la Ordenanza 3588 de 2017 del Ministerio de Salud, que alteró la política de Salud Mental y otras Drogas. La CNDH afirma la necesidad de un amplio debate en la sociedad brasilera y en otros consejos antes de cualquier modificación. No tenemos todavía una base para calcular los efectos de esa recomendación de la CNDH, pero demuestra que las ordenanzas y decretos gubernamentales provocaron una nueva ola de movilización política en el campo de la salud mental.

Al analista le cabe la defensa de una práctica que busca acoger y abordar justo lo que en el hablante difiere, excede y está desidentificado del Otro Social, sosteniendo una posición ética que reafirma su orientación por lo real del sinthome.

NOTAS

  1. Martis Tinco, Viviane. Doctora en Teoría Psicoanalítica por la UFRJ.
  2. ______________ídem.
  3. TINOCO, Viviane op. cit.
  4. TINOCO, Viviane op.cit.
  5. Datos proporcionados por la Coordinación de Salud Mental de la Secretaría Municipal de Salud de Rio de Janeiro.
  6. TINOCO, VIVIANE op.cit.