28 de abril de 2016 – Rìo de Janeiro
«¿Vamos hacia una cultura toxicómana?»- Una panorámica a partir de los aportes de los informes de los Observatorios TyA de la NEL de la EOL y de la EBP.
Ana Viganò –EBP (Relatora), Ernesto Sinatra -EOL, Luiz Fernando Carrijo Da Cunha-NEL
En los informes se observa que las diferencias en los significantes amo que gobiernan la relación entre los seres hablantes y el problema de la toxicomanía y el alcoholismo van produciendo modificaciones en la configuración de los dispositivos legales y asistenciales para hacer un tratamiento de ello. La velocidad y el acento de esos cambios, varía enormemente de uno a otro lado del continente. Sin embargo es sobre esos tres ejes (significantes amos, dispositivos de legalidad y dispositivos asistenciales) donde puede ubicarse un lenguaje común para la problemática y para la conversación entre colegas que se desarrollan en situaciones diferentes. De ello puede derivar una discusión fructífera para abordar esta problemática desde la perspectiva de la acción lacaniana
Los significantes amo
La NEL ha encontrado que en su ámbito es mucho más preocupante la presencia del narcotráfico que la de los tóxicos en sí mismos. El uso y abuso de sustancias tóxicas es un tema de salud pública y salud mental, pero no reviste el interés ni supone la amenaza que sugiere la presencia del narco en los imaginarios de la población o en las promesas de campaña.
Los lazos -algunos cada vez más expuestos- del narcotráfico y el crimen organizado en general con algunos estamentos políticos y/o gubernamentales -en diversos modos, en diversos tiempos- complican la perspectiva de la población respecto del valor de uso y el valor de intercambio que las drogas ilegales tienen.
Además, desde el punto de vista cultural, muchos de nuestros países tienen usos de drogas vinculados a rituales ancestrales, que siguen vigentes y cohesionan ciertos modos del «ser nacional» y que van desde entenderlos y aceptarlos como parte de las raíces culturales, o como parte vital de los recursos medicinales y de tratamientos -por ejemplo del dolor-, hasta ser mal vistos como resabios de una barbarie que convendría domesticar. El abanico del uso de drogas no-legalizadas se extiende desde estos usos rituales o culturales, pasando por todas las alternativas de drogas baratas -asociadas entonces negativamente con la pobreza e incluso con la delincuencia- hasta las drogas costosas -de diseño o de alto rendimiento físico y mental-, más presentes en los estratos medio y alto de la población.
En el ámbito de la EOL el debate se centra directamente sobre el diseño de políticas públicas, que tienden a cambiar de velocidad o dirección según quien se encuentre en poder de diseñarlas o de llevarlas a efecto. Recientemente, en el encuentro «Argentina frente al debate de ONU sobre el problema de las drogas» (Buenos Aires-21/03/16) camino a la sesión especial que se realizará en abril en Nueva York (UNGASS 2016) entre autoridades y legisladores de todas las jurisdicciones; asociaciones civiles y ONG, el gobierno actual fijó claramente su posición: «No vamos, como gobierno, a hablar de despenalización», (Patricia Bullrich, ministra de Seguridad) quien además anunció la decisión de combatir el narcomenudeo -en contraposición a la posición hasta ahora sostenida.(p.63 Informe Observatorio EOL 09/2015)
Por su parte la Iglesia fijó también su posición al respecto (a través de Mons. Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social) respecto a la no criminalización del adicto; la necesidad de mayor intervención del Estado y su preocupación respecto a que la tolerancia social al consumo de drogas ilegales conduce inevitablemente a la disminución en la percepción del riesgo y el consiguiente aumento del consumo.
La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) de 2016 (19-21/04/16) es una oportunidad para revisar y reorientar las políticas de drogas nacionales y el futuro del marco internacional para el control de drogas.[1]
En el plano institucional argentino basta como ejemplo la derogación por parte del gobierno de la CABA del Decreto de Creación del «Plan de Atención Integral de Usuarios de PBC (paco) de 8 a 16 años» un Alojamiento Socio-Terapeútico denominado «Casa Puerto» que contaba con un Equipo Interdisciplinario con orientación lacaniana (Bs.As.2007).
Al respecto, el Ministerio Público Tutelar de la CABA en su último Informe sobre las instituciones que albergan Adultos y Niños en condición vulnerable y con consumo de estupefacientes, enumera la existencia de diecisiete comunidades terapéuticas u ONG privadas pero ninguna institución propia. Comprobamos que de este modo el presupuesto público se deriva al sector privado.
En cuanto a la EBP, el Observatorio se ha dedicado a la problemática de la incidencia en el Otro social de lo que concierne no tanto al consumo de drogas «ilícitas», como a lo que desde el mercado es ofrecido a la civilización a modo de objetos que funcionan como agentes del discurso de la hipermodernidad. Así, es necesaria una investigación que vaya más allá del problema del consumo de drogas, incluido el uso indiscriminado de psicotrópicos en todas las edades así como del incentivo de consumo de productos específicos para un determinado sector de la población, como aquellas dirigidas a niños, adolescentes o adultos jóvenes, como juegos electrónicos, pornografía vía internet y toda suerte de ofertas que sustentan al capitalismo contemporáneo y que funcionan en cierta medida como tóxicos.
Dispositivos de Legalidad y Asistencia a las toxicomanías
En el ámbito de la NEL, como ejemplo de transformación de estos dispositivos, podemos observar que en México, a fines del año 2015 la Primera Sala de la Suprema Corte de México avaló el uso lúdico o recreativo de la mariguana, al conceder un amparo a cuatro personas para el autoconsumo recreativo de la droga, pero no su comercio. En sesión histórica, la Primera Sala resolvió la aprobación del consumo de la mariguana, al declarar inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben a la Secretaria de Salud autorizar actos relacionados con el consumo personal de esta droga con fines recreativos. Esta discusión se realizó apelando a los derechos humanos de los ciudadanos que, en su capacidad de decidir entre lo que es bueno y lo que no lo es, podrían tener entre sus posibilidades de elección el consumir una planta que está arraigada en la cultura popular del país.[2] «Hoy somos cuatro pero mañana podemos ser 120 millones. Es una decisión histórica. Le pusimos el primer clavo al ataúd de la política prohibicionista. Años de sangre y violencia ven hoy la luz al final del camino», dijo Juan Francisco Torres, uno de los cuatro amparados.[3]
En este aspecto la NEL observa que en su ámbito el psicoanálisis no se ha posicionado como referencia de consulta en los debates -de salud, legal, jurídica, política- ni para el tratamiento de las toxicomanías.
Por otra parte las diferentes modalidades de abordaje de las adicciones vigentes en Argentina son el resultado de las Políticas Públicas a partir de la imposibilidad de cambiar la Ley 23737 de estupefacientes, hoy vigente, y que penaliza al consumidor. Actualmente se ha agudizado su no modificación ya que los opositores a ella gobiernan el país.
En el año 2014 se promulgó la Ley 26657 de Salud Mental y Adicciones que da un marco legal a la Reducción de Daño al no avalar lo punitivo sino lo clínico con Equipos Interdisciplinarios que son los que dictaminan sobre cada paciente. La jurisprudencia actual avala con algunos fallos dicha posición.
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley 23737(1989) en los artículos que penalizan el consumo de drogas, de hecho quien enfrenta un Tribunal está condicionado por la interpretación idiosincrática del Juez de turno viéndose sometido a prisión y proceso. En el país hay numerosos detenidos por esta condición.
Una importante Jurisprudencia ha intentado poner freno a la penalización del consumo por ser violatorio del Art. 19 de la Constitución Nacional que garantiza los derechos individuales de las personas.
Se suman a las iniciativas parlamentarias del 2014 modificatorias de la Ley 23737 las voces de más de 400 instituciones reunidas en la 13ª Conferencia Nacional sobre Políticas de las Drogas en el Senado de la Nación (2015).
El debate se centra en torno de: despenalizar o -lo que llamaremos- (re)penalizar: bajar la edad de imputabilidad; endurecimiento de penas por delitos menores, leyes de control de alcoholemia de tolerancia cero.
En cuanto a la EBP, apunta en su informe que existe una discusión aun incipiente referida a la legalización de algunas drogas ilícitas, especialmente la marihuana, siguiendo la tendencia de lo que sucede ya en algunos países.
Problemas a investigar y espacios para la acción lacaniana
Para el ámbito de la NEL, el valor de la vida -lo que cuesta vivir, morir, matar- es un dato a considerar y estudiar. Para muchos jóvenes sin inclusión social, ni perspectivas a futuro de desarrollo personal, laboral y social vincularse con el narco tiene la «ventaja» de una vida breve pero «a todo dar». El valor de las vidas que se pierden en la violencia, en el mundo de las adicciones, en los accidentes relacionados con ambos puntos, pero también de las que se disuelven en un pasar sin perspectivas en muchos de estos casos, es un área a estudiar desde el psicoanálisis.
Pensamos que todo discurso público del orden de la salud y el bienestar no puede dejar de considerar el valor de la vida y de la muerte en cada región para poder tener alguna incidencia. ¿Puede el psicoanálisis aportar alguna luz sobre este punto, ofreciéndose como interlocutor posible?
El debate sobre la legalización de la marihuana -y en general de las llamadas drogas blandas- en México está en pleno curso. Cabe preguntarnos ¿en qué interesa este debate a los psicoanalistas? ¿Qué posibilidades de intervención -si fuera el caso- encontramos oportunas allí?
Las preguntas que surgen a partir del informe de la EOL son:
¿Qué posición tomar frente al debate legalización-despenalización?
¿Subsisten en la Argentina las iniciativas legislativas y políticas modificatorias de la Ley 23737 de Estupefacientes vigentes hasta fines del 2015 o el cambio de gobierno abrió un panorama nuevo?
Consideramos preponderante investigar el estatuto vigente de las modalidades de abordaje de las adicciones en el país, donde subsisten desde los ’80 dispositivos monovalentes –solo para adictos – en cumplimiento de la Ley 23737, los que coexisten con consultorios polivalentes incrementados con la nueva Ley Nº 26657 de Salud Mental y Adicciones que orienta hacia la implementación de estrategias de reducción de daños junto con la sustitución progresiva de las modalidades monovalentes.
¿Cuál es el estado actual de los dispositivos asistenciales y sanitarios públicos y privados?
¿Qué marco legal desde la Ley Nº 26657 de Salud Mental y Adicciones acompaña la posibilidad de políticas llamadas de reducción del daño?
¿Cómo incidir en la creación de dispositivos asistenciales creativos que no sean igual para todos en tanto la subjetividad ha cambiado más allá de los dispositivos tradicionales? ¿Se podría pensar en «Dispositivos de suplencia»?
Incidir en la creación de Dispositivos Asistenciales que obedezcan a Políticas Públicas inclusivas, ofreciendo Atención Profesional sin marginar sectores que por su condición socio-económica presentan un alto margen de vulnerabilidad.
Desde esta perspectiva propiciamos Instituciones polivalentes, pero -además- Instituciones monovalentes a condición de que estén articuladas con equipos especializados desde los distintos Ministerios -de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, etc.- y favorezcan el tratamiento subjetivo de quienes acuden por problemas con drogas.
Finalmente la EBP subraya el acompañamiento que están realizando de las discusiones concernientes a temas como la despenalización del porte de drogas para consumo propio, la visibilización de las políticas públicas que actúan sobre la disminución de daños, la disminución de la mayoridad penal y de los efectos sobre niños y adolescentes adictos a los juegos electrónicos.
NOTAS
- Hubo una UNGASS sobre drogas en 1998 en la cual los estados miembros acordaron una Declaración política sobre el control mundial de las drogas. Hace casi 20 años que esto no sucede.
Hasta el año pasado Argentina estaba alineada con los países de Latinoamérica y Europa (Colombia, México, Ecuador y Uruguay entre otros) que han pedido cambiar el enfoque represivo de la estrategia mundial contra las drogas en relación a la penalización del consumo y los tratamientos compulsivos.
El «espíritu» de la Ley de estupefacientes vigente se replica en los países miembros de las N.U. que están regulados por estos acuerdos. - Univisión.com, México otorga amparo para siembra y consumo recreativo de la marihuana, en http://www.univision.com/noticias/drogas-y-adicciones/mexico-otorga-amparo-para-siembra-y-consumo-recreativo-de-la-marihuana
- El Financiero, Mariguana gana batalla en la Suprema Corte, en http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/historico-scjn-aprueba-uso-recreativo-de-la-mariguana.html